Fraude en el deporte y apuestas irregulares
Escrito el 15-12-2009 por Antonio Millan Garrido
Desde hace tiempo he venido advirtiendo de cómo el dopaje, la violencia y el fraude constituyen, en estos momentos, las tres mayores amenazas para el deporte organizado. Consciente de ello, el Estado español, siguiendo lo convenido en ámbitos supranacionales, ha aprobado en los últimos años unas minuciosas normativas para prevenir, controlar y reprimir el dopaje (Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte) y la violencia (Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte). Pero no se han adoptado medidas integrales contra el fraude, pese a los constantes escándalos y las repetidas denuncias formuladas desde las mismas organizaciones rectoras del deporte.
De tales escándalos destacan los acontecidos en el ámbito de las apuestas deportivas, un sector del juego propicio al fraude y a la corrupción, como ya puso de manifiesto, en 2006, el Comité Olímpico Internacional y ha podido constatar recientemente la UEFA al término de una investigación con la que se detectaron apuestas ilegales en cuarenta partidos de competiciones nacionales y europeas en los últimos cuatro años.
Uno de esos encuentros fue el disputado por la UD Las Palmas y el Rayo Vallecano el 13 de junio, correspondiente a la 2.ª división A, jornada 41 de la temporada 2008-2009, en el que se registraron valores anormales tanto en el número de apostantes como en las sumas apostadas, que fueron denunciados por la propia casa de apuestas (miapuesta.com). La denuncia, a través de UEFA, ha determinado la apertura de expediente disciplinario por parte del Comité de Competición de la RFEF en el que están inicialmente involucrados los referidos clubes y siete jugadores que realizaron apuestas.
No cabe duda de que, si se comprobase el fraude, sus autores podrían ser condenados por estafa y, en el ámbito deportivo, sancionados por una conducta dirigida a la predeterminación del resultado, pero la previsión genérica en el orden punitivo presenta, en muchos casos, dificultades que demandan una tipificación expresa. Por esta razón, el Gobierno ha incluido en la reforma del Código penal remitida hace un mes al Parlamento una disposición según la cual serán castigados con pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja “los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como los deportistas, árbitros o jueces por sus conductas dirigidas a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición deportiva”, iniciativa encomiable pese a las deficiencias en la redacción del precepto, que, a buen seguro, serán subsanadas en su tramitación parlamentaria.
Pero, a mi entender, esta medida penal debiera ir acompañada de otra administrativa (disciplinaria): prohibir las apuestas deportivas a los deportistas y técnicos que participan en la competición sobre la que recaen las apuestas. Hoy, salvo los regímenes internos de algunos clubes, como Real Madrid o Real Zaragoza, ninguna norma prohíbe a los deportistas y técnicos (tampoco a los directivos) apostar ni tan siquiera en los encuentros en que intervienen sus entidades. Por ello, las apuestas que ahora se realizan por jugadores y técnicos no pueden ser consideradas, en sí mismas, como actos que afecten a la dignidad y decoro deportivos, para sancionarlos con base en el artículo 66 del Código Disciplinario de la RFEF. La solución, en este punto, estriba, como digo, en prohibir a los deportistas y técnicos que, tanto directamente como a través de persona interpuesta, realicen apuestas de contenido deportivo, estableciéndose, para el supuesto de incumplimiento, la sanción de privación temporal de la licencia, que sería definitiva en caso de reincidencia.
Sólo así, evitando los conflictos de intereses, se protegería la competición deportiva del engaño y el fraude que suponen las apuestas irregulares.
Antonio Millán Garrido
Vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo
Secretario del Consejo de Administración del Xerez CD SAD
Asesor Jurídico de la Federación de Peñas Xerecistas
(Publicado en diario de jerez, 15 Diciembre 2009)
